El proyecto ha activado todas las alarmas en la Plaça de la Font, ya que el consistorio asegura que es una decisión que «choca» con las estrategias que marca el avance del POUM, «hipotecando» los objetivos de «cohesión» que afectan a este ámbito, entre el centro y los barrios de Ponent. «No nos oponemos a la construcción de la terminal, que entendemos que es beneficiosa para el conjunto de la economía del Camp de Tarragona así como para la industria y el Port, pero sí que nos oponemos a que estas mercancías tengan que salir por el municipio de Tarragona, porque esto hipoteca no tan solo el presente sino también el futuro de la ciudad», indica el concejal de Urbanisme, Nacho García.

El malestar llega después que el pasado mes de diciembre, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona daba luz verde a la aprobación inicial del Pla Director Urbanístic (PDU) de delimitación para la implantación de una terminal intermodal de mercancías en el Camp de Tarragona. Este hace referencia a la ampliación de la terminal de La Boella, un proyecto impulsado por el Port de Tarragona en colaboración con la sociedad Combi Terminal Catalunya SL, que es quien operará la nueva infraestructura.

El acuerdo, que se daba a conocer en el mes de marzo de 2021, comportaba un cambio de estrategia respecto a las previsiones iniciales, cuando esta terminal estaba prevista en el polígono petroquímico sur y, en concreto, dentro del site de la empresa Basf, que desde que empezó a hablarse del proyecto del tercer carril y el Corredor del Mediterrani siempre ha mostrado un interés en poder dar salida a sus mercancías con el ancho internacional.

Tarragona, excluida

La posibilidad de favorecer la «racionalización del transporte de mercancías peligrosas, reduciendo la multiplicación de movimientos», así como la «mejora de la seguridad» en este transporte y la «reducción de emisiones contaminantes» han sido las principales motivaciones que han llevado a las empresas impulsoras a empujar para que este proyecto saliera adelante.

El Ayuntamiento no ha participado en el proceso de modificación de este PDU, ya que este es un proyecto que afecta a los términos municipales de Reus y La Canonja. No obstante, ahora que se ha abierto el periodo de exposición pública ha podido constatar como la nueva ubicación comporta un cambio de recorrido de las mercancías que supondrá «una concentración del tráfico de camiones por la A-27».

Así lo ponen de manifiesto los estudios de movilidad, según los cuales los enlace viarios con la futura estación intermodal serán a través de la nueva autovía. Estos mismos documentos hablan de unas 240.000 unidades de carga al año vinculadas a la nueva infraestructura, de las cuales 46.000 estarán relacionadas con el transporte ADR, es decir, que afecta a mercancías peligrosas.

Por Vila-seca

El Ayuntamiento de Tarragona ya ha presentado sus alegaciones. En estas defiende que se «avalúe» la oportunidad de trasladar la nueva intermodal en alguna de las estaciones existentes, como puede ser la de Constantí o la de Classificació. Si esta opción no se viera factible se defiende que el tráfico de estas mercancías, y en especial las peligrosas, debería hacerse por los nuevos accesos que está construyendo el Port en la zona sur, es decir, el ámbito de la ZAL. De esta forma el tramo más urbano de la A-27, quedaría libre de este tráfico.

La administración local añade una nueva consideración, ya que defiende que la ubicación inicial de la estación habría comportado la «oportunidad» de fijar una reserva estratégica dentro de este ámbito para una salida alternativa para las mercancías a la que propone el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, que hace referencia a los accesos ferroviarios definitivos del Port.

Teniendo en cuenta estas alegaciones, la administración local pide que se deje sin efecto la aprobación inicial de la modificación de este PDU ya que «como Ayuntamiento afectado» cree que debería haber participado en las consultas previas. Así lo comunicó el concejal de Urbanisme a los grupos con representación municipal, durante la Comissió Informativa de Urbanisme de ayer en la que todos los partidos mostraron su apoyo unánime. «Lucharemos hasta el final para evitar que las mercancías pasen otra vez por nuestro municipio», afirmaba García, quien considera que la ciudad «ya ha pagado un peaje demasiado importante», por lo que «ha llegado el momento de que las mercancías no pasen por Tarragona».

Por su parte, la Autoritat Portuària defiende que «un puerto debe poder sacar sus mercancías hacia el interior y, actualmente, es a través de la A-27, una vía con unas franjas de protección de 300 metros que precisamente fue pensada para la evacuación directa de las mercancías que entran y salen del puerto». Esta institución lamenta que es un «error» posicionarse en contra de esta salida «sin presentar una alternativa viable y razonable, que en estos momentos no existe». Asimismo, pone en valor que esta infraestructura es «absolutamente estratégica» para evitar la rotura de la cadena de suministro hacia Lleida y Aragón.