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Investigan a una empresa de Granada por «irregularidades graves» en el manejo de residuos con covid

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Un informe demoledor del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de la provincia detalló las supuestas anomalías que observaron en las instalaciones.

 

La Fiscalía Provincial de Granada mantiene abierta una investigación que afecta a los responsables de una empresa de Granada que, presuntamente, cometieron «graves irregularidades» en el transporte y tratamiento de residuos «procedentes» de pacientes hospitalarios contagiados por la covid, caso de mascarillas o guantes o jeringuillas.

El ministerio público, al igual que sucedió en otras partes de España cuando la pandemia mostraba su rostro más feroz y una letalidad escalofriante, encargó a la Guardia Civil que inspeccionara la sociedad en cuestión. El instituto armado encomendó la misión a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Su informe fue demoledor y la fiscalía de Granada acordó la apertura de una pesquisa penal para determinar si existían indicios de la supuesta comisión de un delito contra el medio ambiente. Al día de hoy, la investigación sigue viva y «en tramitación», según confirmaron a IDEAL fuentes del propio ministerio público.

«Cajas de cartón abiertas»

La indagación de la Benemérita, que incluyo una revisión a fondo de las «distintas dependencias de la mercantil» dedicada a la manipulación de residuos sanitarios, desveló una serie de presuntas anomalías de calado. «Los agentes actuantes detectaron graves irregularidades –detalla la fiscalía–, tales como la falta de señalización de riesgos, de identificación de riesgo o advertencia en el paso de la zona limpia a la zona sucia de la industria, falta de separación entre los residuos inertes y los peligrosos, observando que algunos residuos se encontraban en cajas de cartón abiertas».

El documento elaborado por la Guardia Civil destacaba también que existía un quebrantamiento de la normativa europea que regula el traslado de productos que pueden entrañar peligro para las personas. «En el informe pericial, entre otras cuestiones, se hacía constar el incumplimiento del Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) al no emplearse el embalaje preceptivo. Los incumplimientos detectados suponen un transporte inseguro de materiales infecciosos y, por tanto, ponen en peligro la salud de los trabajadores y demás personas que pudieran entrar en contacto con los residuos sanitarios peligrosos. En definitiva, el incumplimiento de la normativa relativa a la gestión y transporte de residuos peligrosos procedentes de hospitales, ambulancias, laboratorios y establecimientos que hayan estado en contacto con covid-19 podrían poner en grave peligro la salud de las personas», expone el ministerio público el trabajo desarrollado por la Guardia Civil de Granada.

En este sentido, la fiscalía decidió emprender acciones legales para tratar de determinar si los responsables de la empresa pudieron incurrir en alguna infracción penal. En consecuencia, acordó la incoación de diligencias de investigación por si existieran «indicios de delito contra el medio ambiente del artículo 326 del Código Penal por parte de los directivos de gestora de los residuos y encargada del transporte de los mismos».

Barcelona

El mencionado apartado castiga a «quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, a animales o plantas, muerte o lesiones graves a las personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales», dice el Código Penal.

El caso ocurrido en Granada no ha trascendido hasta ahora a diferencia de una indagación similar que tuvo lugar en la provincia de Barcelona que se ha saldado con la denuncia de los directivos de varias empresas por «haber permitido el transporte y deposición de los vertidos sanitarios, que habían estado en contacto con el coronavirus, con incumplimiento flagrante de la normativa sanitaria, asumiendo de manera consciente las consecuencias derivadas del riesgo generado».

Tanto la investigación desarrollada en Cataluña como la que ha tenido lugar en Granada son el resultado de la operación 'Retrovirus', que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil puso en marcha para evitar irregularidades en el traslado y la eliminación de residuos desperdicios generados por la pandemia del coronavirus.

 

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