| La empresa arrojó las sustancias contaminantes a la red de alcantarillado público
La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla ha solicitado una condena de un año de prisión y una multa de 3.600 euros para dos trabajadores de una empresa de Salteras a la que se atribuye el vertido de más de 3.700 toneladas de residuos contaminantes a la red de alcantarillado público.
El escrito de acusación del Ministerio Público, al que tuvo acceso este periódico, detalla que el principal imputado, el gerente de la empresa Aprec, identificado como F. G. V., no podrá ser juzgado al haber fallecido este mismo año. La acusación se concreta, por tanto, en dos trabajadores de esta sociedad que estaba dedicada a las limpiezas industriales, así como al transporte y gestión de residuos tóxicos peligrosos.
La Fiscalía de Medio Ambiente sostiene en su relato de conclusiones provisionales que en el año 2006, la empresa Aprec trasladó hasta sus instalaciones un total de 3.897 toneladas de residuos contaminantes desde la planta de residuos sólidos urbanos de Villarrasa (Huelva). El traslado de estos residuos se realizó en camiones, en 155 portes, y por esta labor, la empresa percibió 286.916 euros.
La Fiscalía asegura que toda la carga de lixiviados -sustancia líquida derivada de la descomposición de la basura o de los residuos orgánicos- fue a parar al alcantarillado público, con la excepción de 128.100 kilogramos que sí fueron depositados en el lugar que había sido autorizado, en las instalaciones de una empresa de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. El resto de los residuos, unas 3.769 toneladas, fueron arrojadas a la red de alcantarillado, aunque la Fiscalía de Medio Ambiente señala que por la forma 'clandestina e incontrolada' del vertido no se ha podido cuantificar el daño causado a los sistemas naturales.
De lo que sí hay constancia fehaciente es que el 28 de octubre de 2006, uno de los imputados, S. O. A., conductor de un camión trasladó por indicación del empresario fallecido un cargamento de residuos contaminantes desde la planta de Villarrasa hasta la nave de Aprec, ubicada en el polígono industrial Los Llanos de Salteras. El contenido del camión fue arrojado a una de las arquetas que conecta la nave a la red de alcantarillado público, una actuación que el acusado llevó a acabo 'a sabiendas de la ilegalidad de su proceder', advierte la Fiscalía de Medio Ambiente. En esta labor también intervino la otra acusada, la empleada M. D. V. D., quien aprovechando que era sábado por la tarde abrió la nave para que pudiera acceder el camión y, a continuación, cerró de inmediato las puertas para que no fueran descubiertos 'mientras tiraban el contenido de la cisterna', empleando para ello una manguera de gran tamaño que introdujeron en la arqueta conectada al alcantarillado público.
Según el Ministerio Público, los acusados habían elegido precisamente ese día para realizar el vertido con la intención de 'dificultar la detección' del mismo. El conductor del camión, precisa la Fiscalía, intervino al menos otras dos veces en la descarga ilícita de los residuos contaminantes.
La Guardia Civil sorprendió a los dos acusados in fraganti, por lo que no pudieron arrojar la mayor parte del último cargamento de residuos procedentes de Villarrasa. La Fiscalía mantiene que los compuestos que integraban este último vertido tienen una 'alta carga' contaminante y constituyen 'un peligro notorio' para el sistema natural acuático por la concentración extremadamente alta de amoniaco, por el consumo elevado de oxígeno que provocan -transformándose en nitrato-, y por los contenidos en metales pesados, que se mantienen durante un largo período de tiempo en el agua.
Estos vertidos incumplen, por tanto, la normativa estatal y autonómica vigentes, aunque la Fiscalía señala en su escrito de acusación que no se ha podido determinar si estos vertidos provocaron 'un daño efectivo' para los recursos naturales'.
En cualquier caso, la Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito contra el Medio Ambiente y los recursos naturales, y reclama una condena de un año de prisión y una multa de 3.600 euros para los dos empleados acusados en este proceso. |
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