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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Junta de Andalucía refuerza su estructura organizativa de prevención de riesgos laborales

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Aprobado un nuevo decreto que amplía las medidas de seguridad y regula los planes de actuación en las consejerías y agencias públicas. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la estructura organizativa de prevención de riesgos laborales de la Junta de Andalucía. Esta norma refuerza las medidas de seguridad y amplía el ámbito de aplicación la vigente desde 2000, que estableció la creación de los servicios de la Administración autonómica en esta materia. Entre las principales disposiciones del nuevo decreto destacan las relativas al Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, definido como el conjunto de los programas que deben llevar a cabo las distintas consejerías y sus agencias administrativas o de régimen especial. El texto detalla los procedimientos, criterios técnicos y competencias en relación con estas actuaciones. La elaboración y aplicación de los planes será responsabilidad de las personas que ostentan las jefaturas de personal en los distintos centros directivos centrales, que deberán informar de su desarrollo y ejecución a la Consejería de Empleo. Este departamento realizará auditorías bienales de todos los planes y también elaborará una guía técnica de bases y criterios para los mismos. Por su parte, cada consejería o agencia pública deberá contar con una unidad de prevención dedicada, entre otras funciones, a evaluar los factores de riesgo y velar por la formación e información de los trabajadores. Finalmente, la norma aprobada regula las funciones de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, a los que se asignan funciones como controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad y facilitar la participación de los representantes de los empleados públicos en la elaboración y aplicación de los distintos planes. En líneas generales, el decreto establece que la Junta de Andalucía debe considerar como principio prioritario la salvaguarda y promoción de la salud y la seguridad del personal empleado a su cargo. Asimismo, marca objetivos como la reducción progresiva de la siniestralidad; la incorporación de los criterios de igualdad entre hombres y mujeres, y la promoción de las buenas prácticas en salud laboral. La Administración autonómica ha desarrollado en los últimos seis años más de 95.000 reconocimientos médicos, 531 evaluaciones de riesgo y 287 planes de emergencia y evacuación para garantizar la seguridad laboral de sus empleados. Además, se han organizado 421 cursos presenciales y 6.638 empleados públicos han participado de iniciativas de teleformación en prevención de riesgos.

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