J.FRAIZ - OURENSE Noventa y ocho toneladas de desechos potencialmente tóxicos y tierra contaminada. Así se resume en una cifra la dimensión del vertedero de residuos industriales localizado bajo tierra en una finca de una empresa de pinturas y productos químicos del polígono Barreiros, en San Cibrao das Viñas. La amalgama de material contaminante y de suelo afectado -ahora es un socavón a cielo abierto precintado por la Guardia Civil -llenó cinco contenedores y recorrió 200 kilómetros para ser 'estabilizado' y tratado en la planta de la Sociedad Gallega de Residuos Industriales (Sogarisa) en el concello coruñés de As Somozas. Los costes de desescombro y transporte gestionados por una firma autorizada se repercutirán a la empresa.
Xunta de Galicia, Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Seprona y Fiscalía operan como un engranaje para calibrar la magnitud del daño ambiental presuntamente inducido por Industrias Químicas Gallegas S.A., con 15 años de actividad en la zona y, como adelantó FARO DE VIGO, una sanción anterior por un vertido de pinturas  que no prosperó tras un recurso contencioso. Los tres primeros organismos todavía no han desvelado los resultados de las pruebas analíticas sobre las muestras recogidas en el terreno para determinar el grado de toxicidad. La Fiscalía, que ya ha abierto diligencias de investigación y tiene en la mesa desde el martes el atestado policial, no ha empezado a practicar prueba ni a recoger testimonios hasta que reciba las conclusiones de los tres laboratorios, actas e informes como, por ejemplo, los elaborados en las seis inspecciones presenciales que se desarrollaron entre el 5 de enero y el 1 de febrero.
Si los resultados de las muestras son concluyentes y la fiscal delegada aprecia indicios suficientes, el ministerio público presentará una querella criminal por un delito contra el medio ambiente del artículo 325 del Código Penal. En este escenario, el empresario podría ser citado como imputado por un delito que prevé penas de 2 a 5 años de prisión. Si se activa la vía penal quedaría paralizada automáticamente la tramitación de los expedientes de la Xunta y la Confederación Hidrográfica demorando la responsabilidad económica de la empresa.
La venganza de un trabajador despedido que denunció las prácticas de su antigua empresa en noviembre pasado, y condujo a los guardias del Seprona y a funcionarios de Medio Ambiente al lugar exacto de los vertidos, ha permitido dar con un foco de contaminación que podría acarrear a la química una sanción mínima de 9.000 y máxima de 300.000 euros por una agresión muy grave contra el medio ambiente. La Xunta de Galicia espera los resultados de las mediciones realizadas para fijar la cuantía de la multa, siempre a expensas de un proceso penal que tomará forma, o no, la próxima semana. Fuentes de la Guardia Civil apuntaban ayer que los análisis de las muestras recabadas por agentes del servicio del Seprona 'puede que se conozcan el lunes'.
Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente realizaron seis inspecciones en un mes y acompañó todo el proceso de la mano de la Guardia Civil. Los funcionarios recogieron muestras en la finca para calibrar los niveles de toxicidad en comparación con parámetros normales. Pero la presencia de botes, detergentes y bidones de productos químicos como pinturas  y barnices en contacto con agua en nivel friático -a unos metros bajo tierra- justificó a la vez la intervención de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. El organismo de cuenca mantiene abierta la investigación para analizar la calidad del agua y valorar la hipótesis de que los contaminantes pudieran haberse filtrado al cauce del Barbaña, un río azotado por sucesivos vertidos en los últimos años procedentes de los asentamientos industriales en el cinturón de la comarca de Ourense.

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