De los 12 millones de recaudación previstos, 10 serán en vertederos de entidades locales y 2 por desechos industriales

H. DÍAZ / VALLADOLID

Día 11/01/2012 

Además de gravar a los ayuntamientos que dispongan de centros de tratamiento de residuos, la «ecotasa» de la Junta repercutirá también a los empresarios que entregue los desechos en los vertederos no gestionados por las entidades locales y destinados a residuos industriales. Es uno de los aspectos que contempla el futuro impuesto regional sobre la eliminación de residuos, cuya recaudación se invertirá en actuaciones medioambientales.

No obstante, los principales destinatarios del nuevo gravamen serán los consistorios que dispongan de vertederos. Su cobro permitirá ingresar a las arcas autonómicas 10 millones de euros (8 por residuos reciclables y dos más, por los que no lo sean). A ellos se sumarán otros dos millones previstos de recaudar en residuos industriales que van a parar a vertederos de gestión no municipal. En este caso, aunque el obligado a pagar el impuesto será, en un principio, el titular de la explotación, éste repercutirá la tasa en el empresario.

Tipo de gravamen

Respecto al tipo de gravamen, en los vertederos gestionados por las entidades locales la tasa será de 7 euros por tonelada en los residuos no reciclables, y de 20 en el resto. En el caso de los vertederos no gestionados por ayuntamientos con vertidos generados por empresas, comercios y servicios se cobrará 15 euros por tonelada en los residuos peligrosos no reciclables, y si lo son, 35 euros. Si los desechos no son peligrosos se cobrará 7 y 20 euros por tonelada, respectivamente, y además, otros tres euros por tonelada en los escombros relacionados con la construcción. Respecto a las tarifas, el Consejo Económico y Social ya ha alertado de que se podría producir una duplicidad entre gravámenes similares establecidos por las entidades locales.

Castilla y León se suma así a las seis comunidades que cuentan ya con estos impuestos y que son Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Cataluña y Cantabria. Ésta ha sido la última autonomías en incorporarse a este tipo de tributos que pretenden «aminorar los posibles impactos sobre el medio ambiente derivados de la eliminación de residuos en vertederos». La normativa cántabra entró en vigor hace dos años, el 1 de enero de 2010, y al igual que la de Castilla y León, lo hizo en el marco de una nueva Ley de medidas fiscales y de contenido financiero, que en la Comunidad incluirá además una ecotasa para las compañías eléctricas y el llamado céntimo sanitario.

Aunque todavía no se ha avanzado mucho de las condiciones de este gravamen, en las que está trabajando la Consejería de Hacienda, seguirá los pasos de otras leyes de esta índole. Así, en el impuesto cántabro son los titulares de las explotaciones los que están obligados a comprobar el peso de los residuos que se entreguen antes de su depósito. De esta forma, la base imponible está constituida por el peso de los residuos depositados, bien sea a través de una estimación directa o indirecta si el contribuyente no lo ha verificado—. El primer paso en este tipo de impuestos lo dio hace nueve años Madrid con su norma sobre residuos, que ya incluía esta tasa. Cataluña fue la siguiente en sumarse a este tipo de tributo ecológico que pretende fomentar el desarrollo sostenible de los residuos urbanos e industriales y colaborar con las entidades locales en la financiación de los servicios medioambientales.