Mientras él defendía la legalidad de las actividades de Fricom, su padre fue interrogado por agentes de la Guardia Civil en la Comandancia Superior que el Instituto Armado tiene en Las Palmas de Gran Canaria. Los investigadores, además, llamaron a los agentes aduaneros de Fricom para que cediesen la documentación respectiva a los gases que ellos importan y que instalan en los equipos frigoríficos de diversos buques, la mayoría de ellos de bandera soviética, explicaron fuentes conocedoras de las actividades de la empresa.
La Guardia Civil dedicó el día de ayer a analizar la documentación que incautó en las oficinas de las empresas que fueron registradas el miércoles, Fricom y Servicios Navales Molina, Sernamol S.L. entre otras, y al interrogatorio de los implicados en la comercialización de un gas refrigerante, el R-22, cuya importación, exportación, producción, venta y uso en estado puro fue prohibida por la Unión Europea en enero de 2010 por ser muy dañino para con la capa de ozono y permitida en su estado reciclado y bajo fuertes regulaciones hasta 2015.
Las diligencias de investigación que lleva a cabo la Guardia Civil continuaban ayer abiertas y será hoy cuando los detenidos pasen a disposición judicial en un juzgado de instrucción de la capital grancanaria que lleva varios meses investigando estas prácticas que dañan el medioambiente.
El hijo del dueño de Fricom afirmó que toda la documentación de la empresa 'está bien' y que no había 'ni un kilo' del gas R-22 que no estuviese contabilizado en los permisos que reciben de la Unión Europea cuando así los solicitan. Por este motivo, se quejó de que los agentes del Instituto Armado mantuviesen ayer a su padre retenido en sus dependencias de la Vega de San José.
Unas ventas 'dentro de la ley'
Las ventas que lleva a cabo Fricom 'se realizan dentro de la ley', aseguró el hijo del administrador. 'La importación y exportación de R-22 está permitida a nivel extracomunitario y por eso nosotros lo que hacemos es instalar el gas en barcos de países que no son de la Unión Europea, por lo que no incumplimos ninguna ley'.
De hecho, según sus explicaciones, 'antes de proceder a instalar el gas en los barcos tenemos que pedir los permisos correspondientes a Bruselas y, suelen tardar un mes en dárnoslos si es que lo hacen. Si el buque no nos ha hecho la petición a tiempo y la autorización no llega, se tiene que marchar sin que se lo hayamos instalado y, por culpa de eso, en los últimos años hemos perdido mucho dinero porque nosotros no vendemos sin permisos para no salirnos de la legalidad', concluyo la defensa de las actividades de esta empresa, una de las que ayer volvió a operar con normalidad pese a los precintos.