(EUROPA PRESS) - El Consejo de Gobierno ha aprobado los planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes graves por sustancias peligrosas correspondientes a las instalaciones mineras de Matsa, en Almonaster la Real (Huelva), y al Polígono Industrial Carretera de la Isla, en Dos Hermanas (Sevilla). Con ellos, son ya 61 las empresas de la comunidad que cuentan con estos dispositivos.

Aprobados planes de emergencia de Matsa (Huelva) y del Polígono La Isla (Sevilla)

En el caso de Matsa, las medidas previstas se vinculan a la instalación de procesado situada junto al complejo minero, donde se desarrollan trabajos de molienda, triturado, flotación y separación para la obtención de cobre, zinc y plomo.

Aprobados planes de emergencia de Matsa (Huelva) y del Polígono La Isla (Sevilla)

Por su parte, el plan del Polígono La Isla sustituirá a los aprobados en 2011 para cuatro establecimientos de la zona (Brenntag Química, Servitrade, Pastor Abonos y Cepsa Gas Licuado Dos Hermanas), a los que ahora se sumarán las instalaciones de la empresa Bordas Chinchurreta. Las cinco firmas, todas ellas dedicadas al almacenamiento y distribución de productos químicos, contarán así con un único dispositivo de prevención y respuesta, según ha detallado el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez.

Aprobados planes de emergencia de Matsa (Huelva) y del Polígono La Isla (Sevilla)

Los planes de emergencia se diseñan en función de la cantidad de sustancias peligrosas (fijada según el tipo) que las industrias almacenan o usan en sus procesos productivos. Las empresas que ahora los implantan han superado los umbrales que marca la normativa debido fundamentalmente a la mejora o ampliación de sus instalaciones.

Elaborados por la Consejería de Justicia e Interior en colaboración con las empresas, los planes permiten prevenir y, en su caso, mitigar las consecuencias de posibles accidentes, además de hacer frente a situaciones que conllevan peligro para personas y bienes o riesgos graves de contaminación.Asimismo, se someten a la homologación de la Comisión Nacional de Protección Civil e incluyen protocolos de intervención en función del tipo de incidente, las sustancias peligrosas involucradas o las condiciones meteorológicas.
 
El objetivo es conseguir una movilización rápida, coordinada y eficaz de todos los recursos humanos y materiales necesarios para atajar cualquier incidente y minimizar sus efectos cuando la situación deja de ser controlable con los recursos de la empresa.

El operativo se activa cuando los accidentes afectan al exterior de la instalación. La decisión se adopta a criterio de la dirección del plan, que corresponde a la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia. Esta autoridad también decide tanto la categoría del siniestro como las actuaciones más convenientes para hacerle frente en cada momento.

El plan cuenta con un comité asesor de apoyo a la dirección, constituido por representantes de las consejerías de la Junta; un comité de operaciones encargado de ejecutar las órdenes y de movilizar a los servicios de emergencia necesarios, coordinado por la jefatura de Protección Civil en la provincia, y un gabinete de información.

Los medios humanos y materiales están integrados por los bomberos, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias EPES 061, las policías locales, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta, así como al Grupo de Emergencia de Andalucía. Su despliegue se prevé mediante el establecimiento de un puesto de mando avanzado que se encarga de coordinar la labor de los grupos operativos formados por personal sanitario, de seguridad y de apoyo logístico, fundamentalmente. Toda la estructura de coordinación, integrando al conjunto de efectivos, corresponde al sistema de Emergencias 112.

Andalucía dispone actualmente de un plan territorial de emergencias de ámbito autonómico, aprobado en 2011, al que se incorporan otros planes específicos: el relativo a inundaciones y el de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (ambos vigentes desde 2004); los de contaminación del litoral y riesgos sísmicos (2008), y el de incendios forestales (2010), además de los 36 de emergencia exterior para un total de 61 establecimientos que manejan sustancias peligrosas (incluidos los aprobados este martes).