Entre las últimas medidas aprobadas por el Gobierno central para atajar el problema de la siniestralidad laboral se incluye la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2015-2020, elaborada por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entre sus objetivos persigue erradicar medidas de seguridad precarias, la ausencia de formación, el fraude en la contratación, la proliferación de enfermedades profesionales y la precarización.

Gran parte de las empresas se encuentran con estas realidades a diario, sobre todo las pymes, que presentan mayores dificultades para cumplir, integrar y aplicar las disposiciones legales sobre prevención de riesgos laborales, coordinación de las actividades empresariales y salud laboral, debido a su falta de conocimientos y recursos. Esto justifica que las pequeñas y medianas empresas se encuentren en el centro de las acciones diseñadas en esta estrategia, pues el Ministerio de Empleo y Seguridad Social confirma que durante 2014 se produjeron 482.578 accidentes con baja laboral en pymes en España.

Por otro lado, el Gobierno aprobó el pasado 21 de julio la Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esta norma constituye una nueva regulación que se inserta en el conjunto de medidas adoptadas para la racionalización, simplificación y modernización de las administraciones públicas y viene justificada por la necesidad de adecuarla a las reformas legislativas.