Mónica Conesa es una de las vecinas del legendario barrio Puerto de Quequén. Un conglomerado urbano que con el correr de las últimas décadas se encontró rodeado de silos, fábricas de productos químicos para el agro y una estación marítima de voluminosa actividad. Por sus calles, además, transitan a diario cientos de miles de camiones en una “circulación descontrolada sobre la que nadie ha tomado cartas en el asunto”.

Dos semanas atrás, un derrame tóxico en una empresa de productos agroquímicos ocasionó la muerte de una joven correntina, Melina Nuñez, que inhaló los gases emitidos por Phostoxin, un fumigante con fosfuro de aluminio que dejó además a otros 30 vecinos internados. La gran problemática involucró a los residentes de la zona en una batalla que recién comienza: “Sobre ese producto ocurre algo particular, hay una resolución del Ministerio de Salud que prohíbe su uso, pero hay otra del Ministerio de Agricultura que habilita su traslado en camiones. Esa circunstancia les permite a las empresas apelar y juega a favor de la continuidad de su utilización” cuenta Mónica.

En diálogo con 0223, Conesa contó que los vecinos se reunieron esta semana con el Ejecutivo necochense y hallaron una postura que los sorprendió: “siguen sosteniendo que la habilitación de la empresa estaba en regla y que luego del incidente operaron en consecuencia desde el área de Defensa Civil. Nosotros empezamos a informarnos sobre el tema y descubrimos que faltó aplicar el protocolo para casos como este. Defensa Civil debió realizar una Junta liderada por el intendente pero nada de eso se hizo” detalló.

A la semana del incidente inicial, los danmificados debieron autoevacuarse nuevamente de sus hogares por un reflujo de gases y marcharon hasta el municipio. Según contó Conesa, en la reciente reunión con el Secretario de Gobierno Juan Carlos De Francisco, presentaron un listado con “12 puntos” a tratar y se llevaron apenas algunas propuestas que también se debatirán en el Concejo Deliberante en una reunión pautada para esta semana con los concejales.

“Ofrecieron aprobar una ordenanza para controlar todas las empresas otra vez y que tengan que tramitar su rehabilitación de nuevo. Pero eso significará que esas compañías se quedarán en el lugar” entendió Conesa. “También aseguraron que se harán cursos obligatorios para la correcta manipulación de ese tipo de productos. Son resoluciones pobres que no evitarán más problemas. Aquí cerca está Ponal, una planta de fertilizantes líquidos en la que si llega a suceder algún problema, sucederá una verdadera catástrofe” recuerda la vecina.

Con denuncias sin respuestas presentadas ante el Opds y en memoria de la joven fallecida, los vecinos de Quequén serán querellantes en la causa que investiga la fiscal Silvia Gabriele, con la que según describió Conesa, “no hubo ningún contacto más. Aunque desde el hospital confirmaron que Melina murió por intoxicación, estamos esperando los resultados de la autopsia final. A partir de allí, los 30 danmificados serán querellantes” anticipó.