Los dispositivos incluyen medidas de prevención y movilización rápida anteel riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

El Consejo de Gobierno ha aprobado los planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes graves por sustancias peligrosas correspondientes a las plantas industriales de las empresas Travir Isla Tránsitos, SLU, en Coria del Río (Sevilla); Gemasolar 2006, SA, en Fuentes de Andalucía (Sevilla), y CLH, SA, en El Puerto de Santa María (Cádiz). Con ellos son ya 66 las empresas de la comunidad que cuentan con estos dispositivos.

El plan para Travir Isla Tránsitos garantizará la seguridad de los depósitos y almacenamientos de fertilizantes y abonos que esta empresa tiene en la carretera de Isla Menor. Sus riesgos están asociados a la presencia del nitrato de amonio.

El mismo objetivo se plantea para las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de CLH en El Puerto de Santa María, denominadas CLH Rota y situadas en el kilómetro 6,3 de la carretera Rota-El Puerto. En el recinto, que incluye tuberías de transporte, se manejan gasolina y gasoil como principales sustancias peligrosas.

Finalmente, el campo solar de Fuentes de Andalucía, propiedad de la firma Gemasolar e integrado por 2.650 heliostatos y una torre central, incluye un sistema de almacenamiento de energía térmica a base de sales fundidas de nitrato, sustancia peligrosa que hacen necesario contar con un dispositivo de prevención y seguridad.

Los planes de emergencia se diseñan en función de la cantidad de sustancias peligrosas (fijada según el tipo) que las industrias almacenan o usan en sus procesos productivos. Las empresas que ahora los implantan han superado los umbrales que marca la normativa debido fundamentalmente a la mejora o ampliación de sus instalaciones. Elaborados por la Consejería de Justicia e Interior en colaboración con las empresas, los planes permiten prevenir y, en su caso, mitigar las consecuencias de posibles accidentes, además de hacer frente a situaciones que conllevan peligro para personas y bienes o riesgos graves de contaminación. Asimismo, se someten a informe del Consejo Nacional de Protección Civil e incluyen protocolos de intervención en función del tipo de incidente, las sustancias peligrosas involucradas o las condiciones meteorológicas.

El objetivo es conseguir una movilización rápida, coordinada y eficaz de todos los recursos humanos y materiales necesarios para atajar cualquier incidente y minimizar sus efectos cuando la situación deja de ser controlable con los recursos de la empresa.

El operativo se activa cuando los accidentes afectan al exterior de la instalación. La decisión se adopta a criterio de la dirección del plan, que corresponde a la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia. Esta autoridad también decide tanto la categoría del siniestro como las actuaciones más convenientes para hacerle frente en cada momento.

MEDIOS DE RESPUESTA

El plan cuenta con un comité asesor de apoyo a la dirección, constituido por representantes de las consejerías de la Junta; un comité de operaciones encargado de ejecutar las órdenes y de movilizar a los servicios de emergencia necesarios, coordinado por la jefatura de Protección Civil en la provincia, y un gabinete de información.

Los medios humanos y materiales están integrados por los bomberos, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias EPES 061, las policías locales, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta, así como el Grupo de Emergencias de Andalucía. Su despliegue se prevé a partir de un puesto de mando avanzado que se encarga de coordinar la labor de los grupos operativos formados por personal sanitario, de seguridad y de apoyo logístico, fundamentalmente. Toda la estructura de coordinación del efectivo corresponde a las delegaciones del Gobierno de la Junta, a través de los servicios de Protección Civil y de los centros del sistema de Emergencias 112.

Andalucía dispone actualmente de un plan territorial de emergencias de ámbito autonómico, aprobado en 2011, al que se incorporan otros planes específicos: el relativo a inundaciones y el de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (ambos vigentes desde 2004); los de contaminación del litoral y riesgos sísmicos (2008), y el de incendios forestales (2010), además de los 41 de emergencia exterior para un total de 66 establecimientos que manejan sustancias peligrosas (incluidos los aprobados este martes).