La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación ha intensificando las acciones de difusión para dar a conocer las principales novedades de la futura Ley de Fomento de la Responsabilidad Social (RSC). Para ello, la dirección general de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno ha organizado una jornada en Alicante el próximo jueves 20 de abril, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, para presentar el anteproyecto de norma y poner en común los detalles del texto con diversos representantes del mundo empresarial alicantino, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Esta iniciativa se enmarca en las acciones de divulgación que ha desarrollado el departamento tras la reciente ronda de contactos con los diferentes interlocutores sociales sobre el borrador del proyecto de esta ley. 

Entre las principales novedades de la norma, contempla la prohibición de que la administración valenciana contrate a empresas que radiquen u operen en paraísos fiscales o que se hayan visto envueltas en casos de corrupción El director general de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, Josep Ochoa, ha destacado que, con este tipo de jornadas, 'se exponen los diferentes trabajos realizados en la futura Ley de Fomento de la Responsabilidad Social, en los que se constata que hay un gran interés para que esta norma salga adelante'. Asimismo, ha hecho hincapié en la oportunidad que se presenta con esta nueva ley en la que 'puede significar hacia el empuje de la competitividad, la modernidad y el compromiso en la responsabilidad social de las empresas y otras organizaciones, incluso en la administración valenciana y su sector público'. 

El borrador de la futura Ley de Fomento de la Responsabilidad Social estuvo abierto a consulta pública desde el 4 de julio hasta el 15 de septiembre de 2016 en un foro online que recogió más de un centenar de aportaciones fruto de ciudadanos. El documento se convirtió en el punto de partida para elaborar esta norma.

El objetivo de la nueva norma es extender e involucrar a las administraciones públicas en el fomento de la responsabilidad social en general y, en particular, dentro de su propia organización. La administración valenciana, en su condición de prestadora de servicios públicos, puede usar de forma estratégica la contratación pública y exigir, en el marco de la legislación aplicable, cláusulas en la contratación como herramienta para fomentar dicha responsabilidad, y alcanzar una mayor transparencia en la gestión como medio de lucha contra la corrupción.