Entre los riesgos detallados por la propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se hace hincapié en la «inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas», procedentes del propio humo generado por el incendio o de productos químicos –como el espumógeno- utilizados para sofocarlo.
Una de las iniciativas propuestas por la Junta para reducir estos efectos perjudiciales para la salud se encuentra el uso de mascarillas, aunque las que ha venido facilitando, según se desprende del citado informe, no eran las idóneas.
En el estudio de peligros elaborado por la Administración autonómica, concretamente dentro del anexo «Características del Equipo de Protección Individual (EPI)», se señala que las mascarillas a emplear son las «autofiltrantes FFP2 y FFP3». No obstante, «estos tipos presentan una protección contra la inhalación de partículas, pero no así de gases como los indicados en la evaluación de riesgos: el monóxido de carbono o los que se pueden derivar del uso de los retardantes o espumógenos», analizan los expertos, que insisten en que este material «no protege a los trabajadores».
Y lo más controvertido de todo este es que en la agencia Amaya, de la que depende el Plan Infoca, no pueden decir que no sabían nada. El 18 de julio de 2014, la sección en Málaga de CSIF ya presentó un escrito en el que avisaba de que estas mascarillas eran «ineficientes» y destacaba las maratonianas jornadas contra el fuego a las que se enfrenta un bombero forestal.
Esta reclamación no fue atendida y se siguió repartiendo el mismo material, por lo que el secretario regional de este sindicato en la agencia Amaya, Eulogio Muñoz, reiteró la queja e insistió en que el material entregado no era óptimo frente a la «gran cantidad de CO2 y otros agentes ambientales tóxicos que se respiran durante una jornada laboral».
A pesar de estos avisos, las mascarillas, parcialmente ineficaces, se han seguido repartiendo, con la consiguiente incredulidad de los delegados de la CSIF, que consideran que se ha puesto en riesgo las vidas de los bomberos forestales, ya que una intoxicación por exposición prolongada a estos gases puede derivar en desvanecimientos y pérdidas de conocimiento.
Ha tenido que ser la propia Junta de Andalucía, a través de su llegado el centro de Prevención de Riesgos Laborales, la que determine que se llevan al menos dos años luchando contra el fuego con un elemento imprescindible que no cumplía su cometido.
El documento del departamento dependiente de Empleo, Empresa y Comercio agrega que, «en lo que respecta al resto de medidas –información sobre fichas toxicológicas, no tocar sustancias desconocidas o retirarse a una zona abierta en caso de problemas de respiración-, si bien son adecuadas, no son suficientes». A esto añade que no dan cumplimiento al artículo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que «establece que la efectividad de las medidas preventivas deberá tener en cuenta las distracciones o imprudencias no temerarias del trabajador».
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