La Guardia Civil está incrementando el control y la vigilancia en los puntos limpios debido a la proliferación de los llamados 'caníbales', personas que manipulan aparatos eléctricos y electrónicos desechados sin ningún tipo de rigor ni autorización ambiental para extraer los materiales valiosos (metales, plásticos, motores, baterías y acumuladores, etc.). Por el camino quedan los residuos sin valor aparente y, en el caso de los frigoríficos, los gases contaminantes que se liberan a la atmósfera o contaminan los suelos.

Los municipios, responsables de la gestión de los puntos limpios, alertan de la peligrosidad de esta situación y se quejan de la falta de compensación económica de los sistemas integrados de gestión, así como de una desorganización aparente en la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs).

El 25% de las 8.600 infracciones ambientales investigadas durante los años 2012 y 2013 son por la gestión ilegal de este tipo de residuos, siendo las más comunes las relacionadas con transportistas no autorizados o sin la documentación legal para la aceptación, recogida y traslado de estos residuos. Le sigue con un 13% las infracciones por vertido indiscriminado de residuos por parte de particulares y con un 12% el almacenamiento sin la autorización pertinente.

 

Según la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, la entrega a transportistas no autorizados o que no indican el destino del residuo puede suponer una multa de entre 900 € y 45.000 €. El sector del reciclaje 

propone aumentar el control de los compradores de estos residuos y aumentar la frecuencia de recogida para evitar la 'vandalización' sistemática de los puntos limpios.

Vía artículo de Juana Viúdez para El País
Foto de Pau Iglesias (cc)