El Parlamento Europeo considera que la responsabilidad social de las empresas es una palanca para la salida de la actual crisis económica, de acuerdo con el informe elaborado por el eurodiputado británico Richard Howitt, y que ha sido aprobado este miércoles.

El documento también señala que el 'greenwashing' es una forma de engaño que induce a error a los consumidores y reduce la confianza en las prácticas de responsabilidad social corporativa como medida eficaz para promover el crecimiento sostenible.

Por esta razón se insta a la Comisión a preparar medidas específicas para luchar contra la información falsa y 'engañosa' relativa a los compromisos de las empresas y a los impactos sociales y medioambientales de productos y servicios.

El informe de la cámara de representantes europea asume la definición dada en la última comunicación sobre responsabilidad social puesto que 'neutraliza el contraste entre el enfoque voluntario y el enfoque obligatorio', y considera que es necesario situar el debate en un contexto más amplio que permita el diálogo sobre las medidas normativas, 'siempre que sea posible'.

Teniendo en cuenta los debates que están teniendo lugar en distintos países de la Unión Europea sobre los impuestos que pagan las grandes corporaciones aprovechando los subterfugios legales, se estima que 'la política fiscal de una empresa debe considerarse parte de la RSC' y que el uso de estas estrategias fiscales o el uso de paraísos fiscales son incompatibles con un comportamiento socialmente responsable.

Respecto a las medidas que se tendrían que adoptar el Parlamento Europeo pide que tanto la Comisión como los gobiernos nacionales alienten 'modelos empresariales innovadores, diseñados para estrechar los vínculos entre las empresas y el contexto social en el que operan', así como las que hagan 'frente a los desafíos sociales y medioambientales'.

Con el fin de promover la visibilidad de la RSC y la difusión de buenas prácticas entiende que debe estudiarse la posibilidad de 'crear con este fin una etiqueta social europea'.

En cuanto a la contratación pública responsable pide la eliminación del criterio de adjudicación al precio más bajo y una mayor responsabilidad en la cadena de contratación.

La Eurocámara se muestra partidaria del informe integrado y se hace eco de los trabajos que está llevando a cabo el Consejo Internacional de Informes Integrados (IIRC) por lo que la Comisión tendría que apoyar a esta entidad para hacer de estos informes la norma mundial en la próxima década. En este sentido, 'rechaza firmemente' el establecimiento de indicadores a nivel europeo que supongan cargas para las empresas, pero manifiesta el apoyo a los estándares internacionalmente reconocidos.

Desde el punto vista regulatorio, subraya la necesidad de elaborar medidas normativas dentro de un marco legal coherente con entorno internacional, 'a fin de evitar interpretaciones nacionales divergentes y el riesgo de crear ventajas o desventajas competitivas a escala regional, nacional o macrorregional'.

Por último, el documento hace una referencia a los medios de comunicación a los que pide que incluyan normas periodísticas transparentes en sus políticas de RSC, con políticas de garantía en la protección de fuentes y de los derechos de los denunciantes.