La Ley por la que se modifican la normativa de 2002 de prevención y control integrados de la Contaminación y la de residuos y suelos contaminados de 2011 ha superado su examen en el Congreso de los Diputados y pasa a tramitarse al Senado, con los votos a favor de PP, UPyD y UPN.  El resto de grupos parlamentarios se han abstenido en la votación.

La oposición ha criticado que la modificación del Gobierno realiza una mala trasposición europea, y que además puede abrir la vía a la privatización en la inspección ambiental.

De las 53 enmiendas, en fase de ponencia fueron aprobadas dos de la Izquierda Plural y una del PP, aparte de ocho transaccionales de carácter técnico que han salido adelante.

Según ha explicado el portavoz popular en esta normativa, el diputado Manuel Mora, las casi 40 aportaciones de la oposición que no han sido admitidas planteaban aspectos ya recogidos en el proyecto de ley o bien no encajaban con los requerimientos de la directiva europea que se traspone en esta normativa.

Esta ley refunda dos textos normativos de acuerdo con una directiva europea que da plazo a España hasta el mes de julio para su puesta en marcha. Por ello, el Gobierno ha decidido que este proyecto de ley cuente con el “procedimiento de urgencia”, de cara a cumplir los plazos comunitarios, y trasponer la directiva europea de 2010 sobre emisiones industriales.

El plazo para autorizaciones ambientales, reducido a 9 meses

Así, el Consejo de Ministros aprobó a finales de enero el proyecto de ley que modifica la normativa de 2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y que reduce a 9 meses el plazo para otorgar o denegar la autorización ambiental correspondiente.

En concreto, la normativa ha sido sometida a la participación pública, a la consulta de las comunidades autónomas en conferencia sectorial y al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), integrado por organizaciones ecologistas, sindicatos y empresarios, aparte de haber recibido el informe favorable del Consejo de Estado.

Esta nueva ley afectará a 6.100 instalaciones industriales, más que la normativa anterior. Para alcanzar un 'elevado nivel de protección del medio ambiente', se supedita la puesta en marcha de estas a la obtención de un permiso escrito, la Autorización Ambiental Integrada (AAI).

Por otro lado, se suprime la necesidad de aportar la documentación que ya está en poder de la administración en los procesos de revisión y se suprime el deber de renovar la autorización cada 8 años aunque no hubiera ningún cambio en las circunstancias.

La principal novedad derivada del nuevo marco comunitario sobre emisiones industriales es el reforzamiento de la aplicación de las mejoras técnicas disponibles.

Estándares de control de contaminación

La norma no sólo mantiene los estándares de control sobre la contaminación, sino que exige que las instalaciones sean inspeccionadas, en tanto que agiliza la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas y reduce notablemente las cargas administrativas.

Todas las AAI existentes deben adecuarse antes del 7 de enero de 2014 a la nueva Directiva. Para ello, se establece en una disposición transitoria el procedimiento de actualización de las autorizaciones ya otorgadas, en virtud del cual, el órgano ambiental competente comprobará, mediante un procedimiento simplificado, la adecuación de la autorización a la nueva Directiva.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría explicó que, pese a que la legislación es más exigente desde el punto de vista de la protección ambiental, se introducen mecanismos que agilizarán las concesiones de autorizaciones a las empresas.

Asimismo, aseguró que se trataba de una 'política más atractiva y ambiciosa' mediante un tratamiento integrado de prevención y control de contaminación en aspectos como emisiones a la atmósfera, al agua, al suelo; la gestión de los residuos; la prevención de accidentes y la eficiencia energética.