TOMÁS DEL CERRO El alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, firmó la caducidad de numerosos expedientes sancionadores abiertos contra Derivados Químicos en 2008 y 2009, que hubieran supuesto la imposición de una multa de 9000 euros y el cierre de actividad de la empresa durante al menos un año por cada uno de los expedientes. Así lo reconoció el propio alcalde en el pleno municipal de ayer, al tiempo que señalaba a los antiguos concejales de Urbanismo y Medioambiente como los responsables, ya que «los expedientes no se resolvieron y pasados seis meses no tuve más remedio que firmar la caducidad».

Las inspecciones realizadas por el ingeniero industrial municipal en Derivados Químicos y las muestras realizadas por Aquagest a la estación depuradora de aguas residuales del complejo industrial durante los años 2008 y 2009 no dejaban lugar a dudas: La empresa estaba vulnerando la Ley de Protección del Medio Ambiente. Las causas eran básicamente dos: la primera de ellas era «realizar, sin autorización, vertido de aguas industriales a la red de alcantarillado municipal, superando las concentraciones máximas de contaminantes permisibles».

La segunda de ellas hace referencia a la «balsa de vertidos para industria de productos químicos farmacéuticos, que carece de licencia municipal y no cumple el trámite de evaluación y calificación medioambiental», tal y como rezan en ambos casos los numerosos expedientes abiertos por estas mismas causas, cada uno de los cuales conllevaba una multa de 9000 euros y el cese de la actividad por un año, ya que se tipificó como 'infracción administrativa muy grave'.

Sin embargo, todos acababan en un cajón, ya que el alcalde firmaba la caducidad una vez que pasaban los seis meses de su apertura, pese a que la empresa Derivados Químicos ni siquiera presentó alegaciones.

Así lo reconoció ayer en el pleno municipal, en el que compareció a petición del PSOE. «Reconozco que los expedientes han terminado como firmé, y así han sido enviados al Fiscal. Los instructores fueron José Andrés Álvarez y Mercedes Hernández, quienes tenían que haber resuelto antes de seis meses, pero, como no lo hicieron, no tuve más remedio que declarar la caducidad tal y como decía la legislación vigente. Y eso lo voy a defender ante cualquier Fiscal y cualquier tribunal».

Fuentes de la empresa aludida señalaron a esta redacción que entienden que la discusión mantenida en la sesión plenaria es una discusión política donde ellos no deben ni pueden pronunciarse.