La red criminal desmantelada en Murcia por la Guardia Civil y la Policía Nacional utilizaba empresas ‘pantallas’ que se hacían cargo de las subcontratas del transporte internacional de mercancía por carretera y formalizaban el transporte contratado mediante pagarés sin fondos u obviaban el pago una vez materializada la entrega de mercancía.
Desde 2011 esta red, de la que se ha detenido a 26 personas, había creado un entramado de empresas instrumentales con testaferros al frente que, hasta el momento, se calcula que habría estafado 700.000 euros a 67 mercantiles perjudicadas en las provincias de Murcia, Alicante, Valencia, Madrid, Barcelona, Girona, Almería, Granada, Huelva, Navarra, Pontevedra, Lugo, así como en otros países europeos como Alemania, Italia, Rumania, Bélgica, Francia, Suecia y Holanda.
A mediados de 2013, ambos cuerpos iniciaron sendas investigaciones a raíz de la recepción de varias denuncias relacionadas con supuestas estafas de una mercantil del sector del transporte en Murcia, lo que originó la creación de un equipo conjunto de investigación con agentes especializados en delincuencia económica.
Expertos en el sector del transporte
En este sector es habitual la subcontratación de portes a otras empresas homólogas, una situación que generalmente se produce cuando la propia empresa de transportes no puede asumir en ese momento una serie de pedidos, por lo que cobran una comisión y le ceden el trabajo a un tercero.
La cúpula de la organización criminal, conocedora de los procedimientos y características del sector del transporte, diseñó un entramado de empresas instrumentales para introducirse en el ciclo de subcontratación del transporte internacional de mercancía por carretera y así apropiarse del dinero que fluía en esta cadena, todo ello con una estudiada opacidad para dificultar su descubrimiento tanto por las víctimas como por los investigadores.
Las mercantiles y la constitución de sociedades
En este tipo de subcontrataciones, las mercantiles creadas por la trama operaban sólo como ’comercializadoras’, ya que carecían de vehículos propios y simplemente actuaban como intermediarias que formalizaban los pagos con pagarés sin fondos o, sencillamente, obviaban el pago una vez materializado el transporte contratado.
En una misma contratación de servicio de transporte llegaban a utilizar varias empresas instrumentales, también conocidas como empresas ‘pantalla’. Una de éstas se relacionaba con la empresa contratante del servicio y la otra con la que realizaba el porte, con el objetivo de diluir aún más su relación delincuencial, indican desde la Delegación.
Al frente de las mercantiles, en su constitución y administración, figuraban personas ajenas a la actividad ilícita, también denominadas testaferros, generalmente de origen extranjero y seleccionados por la cúpula aprovechando su precaria situación económica. A pesar de ello, las empresas eran controladas por los verdaderos encargados de la trama, que incluso les obligaban a abandonar el país para evitar su localización por víctimas o investigadores.
Uno de los testaferros era una persona de edad avanzada que, sin saber leer ni escribir, era el fundador y administrador de una empresa que comercializaba diariamente decenas de portes; otros eran jóvenes que acababan de cumplir la mayoría de edad y con nulos conocimientos empresariales.
Otra medida preventiva tomada por la trama era la de establecer como sede social de las empresas instrumentales inmuebles que nunca fueron utilizados para su propia actividad comercial. Para la gestión burocrática utilizaban oficinas que cambiaban de ubicación frecuentemente.
La ingente actividad que el grupo ha venido desarrollando durante un largo espacio de tiempo, y el hecho de que muchas mercantiles afectadas tuvieran cubierto el ‘riesgo comercial’ con entidades aseguradoras, hace que posiblemente no se llegue a conocer la totalidad de empresas perjudicadas y el volumen total del dinero estafado, aunque es previsible que las cifras investigadas se vayan incrementando.
Los arrestados, los efectos incautados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 6 de Murcia, que ha ejercido la dirección judicial de la operación.
