La sanción que soportará España rondará los 50 millones anuales

El Lago de Sanabria lleva varios meses ocupando espacio en las páginas de los periódicos. Según los acusadores, la Estación Biológica Internacional, una empresa privada con intereses en ecoturismo en la zona, los sistemas de depuración de las aguas residuales de las poblaciones de las orillas, o no existen o no funcionan correctamente, provocando vertidos incontrolados.

Por el contrario, la Confederación Hidrográfica del Duero, la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León -en contra de sus propios informes-, lo niegan y afirman que las aguas del mayor lago glaciar del país son excelentes.

El episodio del Lago de Sanabria es el último ejemplo de la mala situación en materia de depuración de aguas residuales urbanas del país.

La normativa comunitaria específica para la depuración (Directiva 91/271/CEE) ya exigía que en 2005 todas las aglomeraciones urbanas mayores de 2.000 habitantes tuvieran sistemas de tratamiento adecuados, pero en la actualidad todavía hay unas 600 poblaciones que no disponen de ellos, entre las que se encuentran algunas tan importantes como Santiago de Compostela -que con 200.000 habitantes no tiene ninguna depuradora-, Nerja o Vigo, con infraestructuras deficientes.

De esas 600 urbes, más de 300 todavía no han adoptado ninguna medida para solucionarlo.

Incumplen las normas

Este incumplimiento de las normas comunitarias ha hecho que España tenga abiertos tres procedimientos de infracción. El más importante, referido a 38 ciudades mayores de 15.000 habitantes, ya cuenta con sentencia del Tribunal de Justicia Europeo desde el 14 de abril de 2010. Los otros dos procedimientos, uno relativo a poblaciones más pequeñas, entre 2.000 y 15.000 habitantes, y otro específico para zonas ambientalmente sensibles, siguen en fase administrativa, sin haber llegado aún a la fase judicial; España lucha a contrarreloj para que no lo hagan y eludir las sanciones.

En el caso ya fallado, se condenó a España a abonar una multa anual hasta que se alcanzasen los objetivos, con una parte fija, de 7,4 millones de euros, y otra variable, que oscila de los 3 a los 186 millones, en función de la gravedad y la duración del incumplimiento, así como de la capacidad de pago.

De acuerdo con las multas que han recibido Bélgica y Luxemburgo, también por no cumplir con las exigencias comunitarias, la sanción que soportará España rondará los 50 millones de euros anuales. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) calcula que el monto final estará en el entorno de los 100 millones de euros.

La situación, pues, no es buena, pero debe reconocerse que se ha avanzado mucho en los últimos 20 años: en 1995 sólo las aguas residuales del 40% de los españoles recibían tratamiento de depuración y hoy se supera el 80%. Sobre el papel, la actual Administración está dando pasos muy importantes: si al inicio de la legislatura todavía había 36 aglomeraciones urbanas mayores de 15.000 habitantes sin infraestructuras adecuadas, en la actualidad sólo quedan 22.

El vigente Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 calculaba en el momento de su lanzamiento que era necesario invertir 19.400 millones de euros para cumplir con la UE. En el sector es común la opinión de que el Plan se elaboró con precipitación y que necesita reformularse, pero, además, la crisis no ha permitido que se ejecuten ni el 15 por ciento de las medidas que incluía; de hecho, las restricciones presupuestarias han obligado a paralizar obras, como en Llanes o Alcossebre. No obstante, el Magrama considera que la inversión todavía necesaria se ha reducido hasta los 10.000 millones de euros, prácticamente la mitad.

Exigencias en zonas sensibles

Los europeos fondos Feder y de Cohesión han sido muy importantes en el desarrollo que se ha experimentado en las últimas décadas, pero el grifo del dinero europeo ya está prácticamente cerrado. Precisamente Andalucía y Extremadura son dos comunidades autónomas que todavía pueden beneficiarse de ellos, al estar por debajo de los umbrales de riqueza que la UE fija para recibir las ayudas.

Una parte importante del incumplimiento de España se debe a la gran cantidad de zonas ambientalmente sensibles del país, que tienen requisitos de calidad más exigentes. En 2006 se amplió la superficie protegida -el 27,2 por ciento del territorio está incluido en la Red Natura 2000-, lo que supuso un incremento de las necesidades de depuración de unas 200 poblaciones, con un coste asociado superior a los 2.200 millones de euros.

Alrededor del 20% de todas las urbes en zonas sensibles sigue sin disponer de un sistema adecuado de tratamiento de aguas; entre las más relevantes está Matalascañas, que vierte en el entorno del Parque Nacional de Doñana, o Santoña, cuya marisma -Parque Natural- es un punto clave de las rutas migratorias de 121 especies de aves.