Con la nueva regulación francesa sobre desplazamiento temporal de trabajadores en Francia (conocida como Ley Macron), que entró en vigor en julio de 2016, el Ministerio de Empleo francés ha añadido una nueva tasa de 40 euros por cada trabajador desplazado en territorio nacional. El objetivo es contribuir de forma financiera para compensar los gastos de la puesta en marcha y funcionamiento del sistema informático de control de los trabajadores desplazados.

Como novedad, desde el pasado mes de enero, las empresas de transporte internacional deben acreditar el cumplimiento de esta regulación a través de una aplicación informática en la página web del ministerio francés (denominado SIPSI) para más tarde entregar copia de dicho documento al conductor para llevarlo a bordo del vehículo.

La Comisión Europea, sin competencias en la materia, ha empezado a recibir denuncias en el sentido de que el Decreto podría contradecir los principios fundamentales de libertad de personas y mercancías, establecidos en el Tratado de la Unión Europea.