La Unión Europea obliga a controles aleatorios en carreteras y puertos para reducir al mínimo el traslado de basura peligrosa.

La Unión Europea obliga desde el uno de enero de 2017 a la inspección de los traslados de residuos transfronterizos, y por ello la Consellería de Medio Ambiente ha puesto en marcha un plan especial con controles en puertos y carreteras, pero también en empresas que exportan e importan residuos a la Unión Europea. El objetivo es vigilar que el movimiento de residuos se haga conforme a la legislación vigente, respetando al máximo el medio ambiente, y asegurarse de que se reducen al mínimo los traslados de residuos peligrosos.

El departamento que dirige Beatriz Mato prevé dotarse de 'medios personales y materiales suficientes' para cumplir con 'eficacia' la nuevo labor encomendada. Los nuevos controles incluirán la inspección de documentos, la comprobación de la identidad y, cuando proceda,el control físico de los residuos. Los inspectores deben supervisar que no se trata de traslados ilícitos y que el transporte se realiza en adecuadas condiciones.

La intención de Medio Ambiente es hacer controles en la frontera con Valença do Miño y Chaves en colaboración con las autoridades de inspección medioambiental de Portugal. También llevará a cabo actuaciones sorpresa en carreteras del interior de Galicia a camiones que lleven residuos a países de la UE. Los puertos gallegos no se librarán de la visita de los inspectores de Medio Ambiente, pues desde estas instalaciones también salen o entran barcos con residuos.

Estas inspecciones forman parte del plan anual de control de la Consellería de Medio Ambiente. Son más de 1.700 actividades de vigilancia en puntos limpios, gasolineras, plantas de residuos de contrucción y demolición, vertederos sellados, depuradoras, talleres de vehículos, desguaces, granjas y empresas que manejan sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente.

En estas inspecciones, donde Medio Ambiente cuenta con la ayuda de la Policía Autonómica, excepto en los meses de verano, comprueban que las empresas tienen todos los permisos medioambientales necesarios y que desarrollan su actividad según los parámetros que marca la ley, para miniminar el impacto sobre el ecosistema.