A pesar que la Unión Europea dispone de leyes que prohíben la exportación de residuos peligrosos, entre ellos los electrónicos, gran parte de esta basura es exportada fuera de su frontera encubierta como bienes de segunda mano o con la excusa de “reducir la brecha electrónica”. En concreto, la Comisión Europea estima que entre el 25% y el 75% de la mencionada mercancía de segunda mano está destrozada y, por tanto, no puede ser reutilizada. En otros países, como Estados Unidos, ni siquiera existe normativa al respecto.

En España, una investigación realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revelaba que el 75% de los residuos que se entregan en puntos de recogida no se reciclan. Esto ocurre a pesar de que parte del precio que los compradores pagan por los aparatos va destinado a ello.

Estas sustancias terminan en vertederos como el de Agbogbloshie, en donde jóvenes y adolescentes se juegan su vida diariamente. Según denuncia Greenpeace, los menores de edad desmontan la chatarra para hacerse con el aluminio y el cobre sin ser conscientes de la peligrosidad de los elementos que manejan.

Con una dimensión de 11 campos de fútbol, un estudio de la ONU certificó en el año 2014 que en el lugar la concentración de plomo supera mil veces el nivel máximo de tolerancia. Un vertedero que las autoridades del país han intentado clausurar desde el año 2015 en numerosas ocasiones sin éxito. En parte, por la ausencia de leyes que regulen la entrada de basura en el lugar.

Ordenadores, móviles, neveras, televisores… la vida útil de los productos se reduce cada vez más y en la actualidad, apenas duran unos años. La obsolescencia programada obliga a los ciudadanos a entrar en un ciclo de consumo –y de desperdicio- sin fin debido a que los fabricantes les ponen intencionadamente fecha de caducidad. A esto hay que unir los nuevos modelos o las actualizaciones que nos invitan a consumir reiteradamente, sin ser conscientes que lo que tiramos terminará en la otra parte del planeta.