La idea es que los beneficios de las infraestructuras rentables compensen las pérdidas de aquellas que no lo son.

El Ministerio de Fomento en funciones estudia actualmente la posibilidad de que la explotación y gestión de las autopistas reviertan al Estado conforme vayan venciendo las respectivas concesiones.

Según ha podido saber cadenadesuministro.es, el Gobierno en funciones trabaja en una Ley que podría desarrollarse tras las elecciones del 26 de junio, que nacionalizaría las autopistas y eliminaría la posibilidad de nuevas prórrogas a las concesionarias a cambios de inversiones privadas.

Esta iniciativa traería consigo la creación de una entidad pública para la gestión de las autopistas cuando el plazo expirase, algo que ya se proyectó para el rescate de las nueve autopistas en quiebra, un tema que parece haberse paralizado dado el carácter interino del actual gobierno.

La idea de Fomento es que la participación estatal en esa sociedad sea del 49%, con el fin de que su deuda no compute como deuda pública, para lo cual tendrían que incorporarse otros socios con participaciones de menor peso.

La nueva sociedad controlaría autopistas rentables y no rentables en la actualidad, de manera que los beneficios de unas permitirían compensar las pérdidas de otras.

Cabe destacar que entre las concesiones que finalizan primero se encuentran la de la AP-7 que cruza todo el Mediterráneo, gestionada por Abertis en la actualidad y que vence el próximo 2019.