En declaraciones a Estaciones de Servicio, el presidente de la CEEES, Jorge de Benito, critica que el anuncio de las líneas maestras del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética se haya realizado de forma precipitada. Además, denuncia que el Gobierno ha actuado sin establecer los diálogos necesarios con agentes económicos afectados por los cambios previstos en el documento.

“Éste es un asunto con la suficiente relevancia como para que una norma de este calado se planifique de manera más completa y profunda, más aún en estos momentos de incertidumbre económica, en los que algunas comunidades autónomas no parecen haber dejado atrás la crisis económica y en otras la recuperación está siendo tímida”, declaró De Benito.

“No se puede hacer un anuncio que conlleva un impacto en la línea de flotación de la industria automovilística nacional, que es la segunda de Europa. Y encima no se han explicado qué medidas de implementación y de apoyo se van a articular para alcanzar los objetivos fijados”, expuso el presidente de la CEEES.

De Benito reiteró en varias ocasiones que los empresarios integrados en CEEES no se oponen a la implantación de una red de puntos de recarga de vehículos eléctricos, pero remarcó que los plazos contemplados y algunos detalles filtrados hacen que el colectivo empresarial mire con cierto recelo el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

“Con este anuncio, además, el Gobierno rompe la necesaria neutralidad tecnológica que debería ser la que determinara la oferta de energías para su uso en vehículos. Se está prestando un apoyo a una tecnología que continúa siendo minoritaria”, apostilló, para añadir que ese impulso se hace en detrimento de opciones válidas y eficientes, con un alto grado de madurez tecnológica y con menores impactos negativos sobre la economía y el empleo.

“Nosotros no rechazamos que se produzcan cambios en las fuentes energéticas, a lo que nos oponemos es a que los plazos sean tan cortos, a que las medidas no se hayan consensuado con los actores económicos más afectados, desde la industria automovilística a la de refino, pasando por la distribución de carburantes”.

El sector de las estaciones de servicio, continuó el presidente de la CEEES, “lleva décadas adaptándose a los cambios que se han producido a nivel energético y de movilidad. De hecho, desde hace unos años muchas estaciones de servicio cuentan con puntos de recarga de vehículos eléctricos. Venimos dando pasos que han dado como resultado que en las estaciones de servicio haya una oferta multienergética que sigue ampliándose. Es más, en unos años los usuarios podrán acceder a diez tipos distintos de carburante en gasolineras españolas”.

“El planteamiento que se está haciendo sobre este asunto, desde nuestro punto de vista, es erróneo. Si en la actualidad en España circulan 24 millones de vehículos no se puede pretender, al ritmo anual de matriculaciones, que en tres décadas el parque rodante de turismos y comerciales ligeros sea eléctrico al 100%. Además”, amplió, “hay factores económicos que impiden a muchas personas cambiar de vehículo con la frecuencia adecuada a estas exigencias que se marcan en el citado anteproyecto.”

“Otra de las sorpresas que nos hemos llevado al leer en la prensa algunas de las novedades incluidas en el anteproyecto”, declaró De Benito, “es que se establece una fecha límite para la utilización del GNV (tanto licuado como comprimido), y del GLP para automoción, alternativas que son muy válidas tanto en lo que respecta a las prestaciones que ofrecen en los vehículos como a nivel medioambiental. Desde nuestro punto de vista, es un error absoluto. Cuando se están anunciando inversiones estratégicas por parte de importantes empresas españolas dirigidas a promocionar carburantes tremendamente válidos y con amplio margen de desarrollo, establecer un límite también para ellos es, cuanto menos, sorprendente”.

Esta precipitación por parte del Gobierno “queda demostrada en un hecho que nos ha llamado la atención: el pasado 25 de octubre CEEES celebró una jornada en la que participó María Luz Peláez, jefa del Área de Desarrollo Industrial Sostenible del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, quien en su ponencia expuso que en el futuro no habrá una única tecnología que sustituya los carburantes que empleamos en la actualidad, sino que serán varias las opciones los conductores tendrán a su disposición. Pero con este anuncio del Gobierno parece evidente que no será así. Es que tal y como se ha presentado, los híbridos y los eléctricos enchufables no tendrán cabida”, afirmó De Benito.

Además, “el Gobierno vuelve a fallar en su política de comunicación, tal y como sucedió cuando la ministra para la Transición Energética declaró que el diésel tiene los días contados. Ese anuncio ha provocado un serio problema tanto en los concesionarios y las plantas de producción de automóviles, generando, además, un efecto perverso, y es que el incremento de las matriculaciones de vehículos de gasolina está aumentando las emisiones de CO₂”, subrayó.

“Criminalizar un combustible es un error garrafal, porque lo que determina el comportamiento medioambiental de los vehículos son las normas Euro, y la que en la actualidad está vigente, la Euro VI, fija prácticamente los mismos límites para gasolina y gasóleo. De hecho, el balance ecológico de un motor diésel es mejor que el de uno de gasolina”, afirmó el empresario cántabro, quien demanda al Ejecutivo que se establezcan planes de ayudas para que las estaciones de servicio puedan instalar puntos de recarga de baterías para vehículos eléctricos.